Durante varios años, el país aparentó una bonanza económica de bases muy frágiles. La pésima administración de los recursos, la corrupción y la desidia, aceleraron la crisis ante el compromiso de la deuda externa y la inestabilidad de los ingresos petroleros. Ante tales circunstancias, el gobierno que se inició en 1989 implantó un programa de ajustes económicos. Programa este necesario, difícil y doloroso. Al inicio del nuevo período presidencial los indicadores económicos mostraron un grave retroceso en el PIB, aumento del desempleo e incremento acelerado en el nivel general de los precios. Es así como se agravan los problemas de pobreza, con su secuela de desnutrición, menor acceso al estudio, a la salud, a la vivienda y una mayor violencia social.

Aún en 1990, los indicadores no muestran el esperado lanzamiento de la economía. Se espera que en 1991 con el fuerte empuje del Plan de Inversiones y la Ley de Política Habitacional, retrasados en su implementación, se imprima a la actividad productiva una tendencia creciente. Al mismo tiempo deberá evaluarse la política social con el fin de hacerla más eficiente y con ello mejorar la calidad de vida de la población.