Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

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ECONOMÍA Y DEMOCRACIA

Domingo Felipe Maza Zavala
Academia de Ciencias Económicas
Caracas, Venezuela

Discurso de orden pronunciado en el Paraninfo de la Universidad de Los Andes, el día 16/09/88, al recibir el Doctorado Honoris Causa en Economía que le fue conferido por la Ilustre Universidad de Los Andes



La Escuela de Economía de esta Ilustre Universidad nace con la recuperación democrática del país. En tres décadas se han desarrollado los estudios económicos en el seno de esta emérita casa del saber; en cinco décadas, desde 1938, cuando fue creada la Escuela Libre de Economía en la UCV, la disciplina que tiene por objeto el conocimiento de las causas y consecuencias de la riqueza y la Pobreza de las naciones, ha logrado cierto grado de madurez entre nosotros. En tres décadas se ha forjado historia contemporánea del ejercicio de la democracia en Venezuela. Año de celebraciones, por tanto, este de 1988, en que también nos disponemos a cumplir, una vez más, como en quinquenios anteriores, el rito supremo de la Soberanía popular: el de votar para elegir al gobernante, a los legisladores, representantes supuestos de la voluntad y la fe popular.

No nos limitemos al regocijo de los aniversarios. He escogido como tema central de este discurso académico la relación entre democracia y economía, con el propósito de establecer las grandes líneas de un balance económico de la democracia en los años 30 de la vida nacional que en el presente se cumplen. Es necesario señalar que no me refiero a la democracia en abstracto, como paradigma de la libertad, el derecho y la justicia, sino a la praxis venezolana de la democracia, los hechos, las realizaciones, la gestión de los gobiernos, la actividad de los partidos políticos, las estrategias económicas del poder político y del poder empresarial, los patrones de comportamiento y acción en la creación, la distribución y el aprovechamiento de la riqueza, la modificación de las características estructurales de la economía y la sociedad, las coyunturas de crecimiento de las fuerzas productivas, entre otros aspectos. Por supuesto en un modelo Político-institucional en el que se pretende definir el sistema en el país: la Constitución de la República sancionada en 19611 . La Carta Fundamental puede ser un freno a los excesos y las desviaciones, un acicate para las realizaciones positivas, un patrón de referencia, un compromiso o un acervo retórico del discurso Político. En verdad ha sido todo eso; es, en todo caso, un programa en buena parte no cumplido; pero ostenta la singularidad histórica de ser la Constitución de más larga vigencia en Venezuela, país de instituciones frágiles, de dualidad entre los principios escritos y los practicados a punta de violencia y poder, de ominosa alternabilidad entre dictadura y aproximación a la democracia.

1   CARÁCTER Y ALCANCE DEL EXCEDENTE PETROLERO

En este análisis partiré de una realidad concreta y simple: el soporte económico de la vida nacional en estos 30 años ha sido el excedente petrolero, caracterizado por algunos como renta y por otros, entre quienes me cuento, como ingreso de liquidación de un activo natural de la nación. No es una diferenciación semántica sino efectiva, además de conceptual: si la economía vive de la renta, si es rentística, el flujo de ingreso puede ser permanente, mientras la fuente del mismo no sea afectada por la obsolescencia o la destrucción. Si, de modo distinto, la economía vive de la liquidación de un patrimonio, el riesgo de agotabilidad real se agrega al de obsolescencia y al de destrucción. En todo caso, el hecho fundamental es que la base económica principal consiste, en elevada proporción, en una donación de la naturaleza, análoga a una economía externa. Dos consideraciones se desprenden de ese hecho, i) la transitoriedad y agotabilidad del recurso - cualquiera que fuese la dimensión temporal deseos fenómenos - obliga a un comportamiento económico orientado a su reemplazo, mediante la capitalización del ingreso originado en su explotación (sembrar el petróleo); ii) la condición de la propiedad del recurso, de índole nacional, sustenta el derecho de todos los venezolanos a participar equitativamente de los frutos de su explotación. Por tanto, capitalización y distribución del excedente petrolero son dos criterios de evaluación claves en el análisis del balance económico de la democracia.

El excedente petrolero nacional (identificado substancialmente como la participación fiscal en el ingreso global de la explotación Petrolera) registra un movimiento cíclico en las tres décadas de referencia: de 1959 a 1964 se aprecia una fase depresiva; de 1965 a 1969, una de recuperación moderada; de 1970 a 1973, de expansión; de 1974 a 1977, de aceleración ascendente; de 1978 a 1979, de reajuste; de 1980 a 1981, de firme recuperación; de 1982 a 1985, de recesión; de 1986 al presente, de depresión profunda. Las amplias fluctuaciones del excedente petrolero determinaron, por lo general, adaptaciones y reajustes de la política económica, sin cambios sensibles en la estrategia económica implícita -ó explícita en los planes formales de la nación- hasta la década actual. A partir de 1982 se pone de manifiesto un fenómeno complejo en el que se combina la modalidad cíclica del movimiento del excedente petrolero con la crisis estructural de la economía petrolera. Pero antes de examinar esta circunstancia hay que hacer referencia a un hecho importante que puede caracterizarse como estructural: la reserva al Estado de la actividad petrolera en 1976, por la ley de la Repúb1ica.

No es mi propósito en este análisis evaluar el proceso de nacionalización petrolera que va por los trece años. Se afirma que es la realización mayor de la democracia venezolana, En verdad es una reivindicación trascendente, de gran proyección histórica. Aunque la condición fundamental de la dependencia que padece nuestra economía no desaparece con esa decisión reivindicativa. La relación entre el sistema económico del país y la economía internacional se modifica positivamente. El espacio económico del Estado se amplía y fortalece y la modalidad estructural denominada economía mixta se perfila con entera claridad. Pero lo que interesa destacar es la variación significativa que sufre el excedente petrolero nacional: el ingreso fiscal no se compone ahora solamente de proventos correspondientes al dominio del subsuelo sino también de ingresos de empresario, lo que le imprime una cualidad dinámica desde el punto de vista del juego de decisiones y, además, permite un incremento neto de dicho excedente por esta razón.

Otro hecho importante, que concurre con el de la nacionalización, es la emergencia de la OPEP como factor regulador de la oferta y los precios del petróleo en la década de los 70 y comienzos de los 80. El poder regulador de la Organización sufre una inestabilidad aproximadamente cíclica durante el período 1973-88, con efecto en la generación de excedente petrolero para sus países miembros. Desde 1986, aproximadamente, se registra una pronunciada declinación de los precios del petróleo, de tal modo que en términos reales -en relación con la tasa acumulada de inflación internacional y la devaluación del doblar de EEUU- se sitúan actualmente en el nivel que tenían en 1973. Todos los pronósticos autorizados coinciden en que este rango deprimido de las cotizaciones petroleras se mantendrá hasta bien entrada la próxima década, lo que puede caracterizarse como un estancamiento de largo plazo.

2 LA CRISIS DE LA ECONOMÍA PETROLERA

Hago énfasis en la gravedad de la situación que se establece con la caída del excedente petrolero. Se trata de una crisis estructural de la economía venezolana, con efectos profundos y crecientes en la institucionalidad política y el equilibrio social. No tenemos una base económica alternativa a la petrolera, pero la economía está más vinculada aun que en el pasado a la economía internacional: no sólo es más dependiente, sino más vulnerable, más frágil ante las contingencias. El menguado excedente petrolero está sustancialmente gravado por el servicio de una desproporcionada y ominosa deuda externa que condiciona toda salida a la crisis. Más que una economía dependiente somos ahora una economía cautiva. Esto tiene consecuencias para la evolución de la democracia y aun más para la coherencia de la sociedad nacional. El agrietamiento de la estructura de la balanza de pagos y de las finanzas públicas debilita considerablemente la capacidad del Estado para continuar desempeñando las funciones estabilizadoras, amortiguadoras, redistribuidoras e impulsoras del crecimiento económico y la dinámica social. La potencialidad del Estado para sustentar un modelo de acumulación que en gran parte no descansa en el ahorro de los ciudadanos ni en la plusvalía extraída a los trabajadores, está en vías de agotamiento. La figura del Estado donante, dispensador de bienes y servicios más para fortuna de unos pocos que para desarrollo y bienestar de la totalidad nacional, está desdibujándose evidentemente, mientras que los patrones de comportamiento formados a merced de la bonanza petrolera apenas se han modificado y la brecha entre la posibilidad y la realidad no es percibida claramente por los que tienen la responsabilidad de las decisiones. La percibe la mayoría popular por el agobio de sus penurias y la carga de las necesidades insatisfechas. La discrepancia entre el plano Político y el real contribuye a la multiplicación de falsas expectativas de rápida y fácil salida a la crisis.

La posibilidad de descuento de ingresos futuros del petróleo -una forma de expresar la posibilidad de recurrir al financiamiento internacional para cubrir el déficit de recursos- es prácticamente nula. Ese descuento se hizo durante el inolvidable período de endeudamiento masivo y acelerado del país, que terminó abruptamente en 1982 en circunstancias conocidas; los años que siguieron, hasta el presente, han sido de contracción del ingreso disponible luego del pago del servicio de la deuda, El excedente petrolero de aquellos años de supuesta abundancia se acrecentó con los recursos provenientes del descuento irresponsable del excedente petrolero de estos años. La tragedia consiste no tanto en el endeudamiento como en la perdida casi total de la oportunidad de crear una economía alternativa. Así, en lugar de la capitalización real del excedente petrolero en la época de su mayor afluencia, como fue la comprendida entre 1974 y 1981, se propició la descapitalización nacional, la conversión de una economía acreedora en una economía deudora, una forma paradójica de expresar el contrasentido de que, a pesar de padecer la caída del potencial de crecimiento en términos del excedente petrolero bruto, somos exportadores netos de recursos económicos, por lo que el excedente petrolero neto es manifiestamente insuficiente para la acumulación.

3   DESCAPITALIZACIÓN Y NUEVA ACUMULACIÓN

La descapitalización de la economía venezolana tiene dos aspectos igualmente preocupantes: uno es que el desgaste y la obsolescencia del aparato productivo existente a comienzo de 1983, cuando se hizo manifiesta la crisis de la balanza de pagos, no pueden ser repuestos al ritmo en que se realizan, ya que la inversión bruta real es insuficiente en términos macroeconómicos; otros es que el ahorro financiero global, deducida la amortización de la deuda externa, no cubre las necesidades de inversión aun al nivel deprimido que se mantiene en estos años. Por tanto una exigencia fundamental es la reorganización del proceso de acumulación para lo cual todavía el excedente petrolero puede constituir una vertiente, aunque no en la dimensión alcanzada en el período 1974-81. El crecimiento de nuevas actividades productivas en tres direcciones principales: la diversificación orgánica del esquema de exportaciones, la profundización de la sustitución de importaciones y el autoabastecimiento relativo en bienes esenciales de consumo, proporciona el escenario para un nuevo modelo de acumulación vinculado a un patrón de consumo que manifieste preferencia a la satisfacción de las necesidades básicas y el mejoramiento de la calidad de vida.

El modelo de acumulación que emerge de la crisis tiene que sustentarse en la participación de nuevos actores y factores sociales. El modelo que propició el Estado administrador de la afluencia petrolera, propicia aun a pesar de la caída del excedente bajo su dominio, fue concentrador, con fuertes rasgos monopolistas, atenuado mediante programas marginales de fomento de la pequeña y la mediana empresa. La mayor proporción de los recursos que facilitó el Estado, bajo diferentes programas (CVF, Fondo de Crédito Industrial, Fondo de Desarrollo Agropecuario, Fondo Desarrollo Urbano) o en la aplicación de políticas de fomento (exenciones y exoneraciones fiscales, subsidios, suministro de insumos de las industrias básicas, entre otros) benefició a la gran empresa y a los conglomerados económicos. En estos tiempos de graves dificultades y restricciones económicas los mecanismos de la concentración del capital han funcionado si se quiere más eficazmente que en la época de bonanza. Ello implica una distribución más regresiva del ingreso. Si se aplica a este análisis la teoría de los juegos, habría que decir que con la afluencia petrolera, concretamente en el período 1970-78, la distribución tomó la forma de juego suma variable positiva, en el cual, aunque las proporciones del incremento del ingreso fuesen muy dispares entre los participantes el resultado era un aumento del nivel absoluto para todos; en los años posteriores, hasta el presente, por lo general, el juego de la distribución ha sido de suma variable negativa, en que sin crecer el tamaño del ingreso real a distribuir, sino, por el contrario, reduciéndose, unos participantes han logrado mejorar su participación mientras que otros (la mayoría) han perdido en términos absolutos. No es sostenible que un nuevo modelo de acumulación se establezca a expensas del menguado nivel de vida popular porque ello conduciría pronto a la frontera crítica del desequilibrio social en que el propio sistema democrático estaría en peligro inminente.

4     CONCILIACIÓN Y DISIDENCIA

Las consideraciones precedentes permiten presentar el reverso de la medalla de la acumulación concentradora propiciada por el Estado en las tres décadas de la democracia representativa. El excedente petrolero hizo posible, por su magnitud relativa creciente, el sostenimiento de mecanismos compensatorios en el ámbito socioeconómico, con difusión restringida de los beneficios públicos, es decir de los bienes del común, en servicio de salud, educación, seguridad social, recreación, dotación de vivienda, subsidios alimentarios, financiamiento del desempleo disfrazado, entre otros. Estos mecanismos de estabilización social, que al mismo tiempo favorecían la ampliación del mercado interno, se complementaban en el plano político con el requerimiento de actitudes conciliadoras para la preservación de la supuesta fragilidad de la democracia, en aras de la cual había que hacer sacrificios y posponer exigencias; pero esto no se consideraba obligante para los actores de la acumulación privada sino tan sólo para los trabajadores. La función sindical, deslastrada de toda idea de lucha de clases, en su formación política de integración al establecimiento, ha sido el factor más eficaz de la estabilización, de tal modo que la constelación del poder -que encuentra en la democracia representativa y restringida su mejor caldo de cultivo- incorpora a las cúpulas sindicales, conjuntamente con las de los partidos políticos que se alternan en el gobierno, bajo el común denominador de la defensa de la democracia2.

La disidencia militante con respecto al ejercicio regimentado de la democracia se manifestó con particular vigor en el decenio de los sesenta, adoptando diferentes formas de lucha incluso la violencia armada en montes y ciudades. Se ha dicho que el efecto demostración de la revolución cubana estimuló poderosamente la tendencia que creyó en la eficacia de la lucha armada para lograr un cambio político y social profundo. Sin embargo, también hay que considerar el estrecho margen de legalidad efectiva que dejó la política del primer gobierno democráticamente elegido, que presidió Rómulo Betancourt, en cuyo margen apenas hubo cabida para las manifestaciones masivas de protesta por el desempleo, la contención de los salarios y las medidas de ajuste económico de corte regresivo que entonces se aplicaron para enfrentar la crisis externa y fiscal. No es del caso enjuiciar ahora el movimiento armado de orientación marxista que conmovió el escenario nacional en los primeros años de funcionamiento democrático; pero sí debo señalar que aquella violencia revolucionaria fue en alguna parte respuesta -equivocada si se quiere- a la violencia social del poder que pretendió, como siempre, descargar en el pueblo los costos de la crisis, reservándose para si los beneficios de la situación. Es necesario reconocer, por otra parte, que los movimientos de inspiración claramente socialista han sufrido fuertemente las consecuencias de la derrota en la lucha armada y aun se deja sentir la ausencia relativa de una alternativa organizada y poderosa a la praxis que se conoce generalmente con el nombre de bipartidismo.

5   LOS MODELOS ECONÓMICOS DE LA DEMOCRACIA

Recapitulo y sistematizo las consideraciones sobre los modelos económicos de los gobiernos democráticos compartidos y usufructuados por los actores del poder económico privado. En primer lugar, el patrón de acumulación, con dos componentes funcionales: la capitalización del sector público y la del sector privado, del excedente petrolero; en verdad no hay una clara línea de separación entre ambas vertientes de la acumulación, pues ha tenido lugar -y está en vigencia, desde luego un proceso de la gestión empresarial pública y de las externalidades de la infraestructura física y social, para provecho de la acumulación concentradora3; aún más, puede observarse que parte de aquellos beneficios ha sido absorbida por intereses extranjeros a través de mecanismos comerciales, financieros y tecnológicos. El patrón de acumulación, que actualmente muestra graves fracturas estructurales, se realiza mediante diferentes procesos no del todo coordinados o interrelacionados: la industrialización sustitutiva de importaciones, de carácter horizontal, es decir, no integrada internamente; el crecimiento del capitalismo en el campo y algunas realizaciones de la reforma agraria, que de cierto modo han frustrado el propósito y razón de la Ley promulgada en 1960; la instalación de industrias y servicios de índole básica bajo el dominio del Estado; el crecimiento desproporcionado del capitalismo financiero en comparación con el crecimiento de la economía real; por último, la expansión de la propiedad inmobiliaria urbana que lejos de contribuir a la solución del problema de vivienda de la mayoría popular lo ha hecho más grave y difícil. Estos procesos económicos convergen en la fuente de su sostenimiento, que es el excedente petrolero administrado por el Estado, pero no están orgánicamente relacionados en un plan de desarrollo, que permita la progresiva emancipación de la economía con respecto a la fuente mencionada del excedente petrolero. Hay que señalar, además, que casi todos estos procesos han propiciado y se han desenvuelto en un clima de condicionamientos monopolistas u oligopolistas, favorecido por la regresiva estratificación de los ingresos y las restricciones de la competencia que hacen del mercado interno un mercado cautivo.

El patrón distributivo del Ingreso y el bienestar que se ha transformado en el período de la democracia representativa, con relación al patrón distributivo tradicional, tiene, a mi modo de ver, las características siguientes: en lugar de grandes participaciones supuestamente homogéneas y contradictorias (como las de los propietarios y empresarios, de un lado, y la de los trabajadores por el otro), lo que existe son estratificaciones más o menos acentuadas tanto en la zona participativa de las remuneraciones laborales como en la empresarial capitalista; es decir, hay amplias diferencias de ingreso medio entre los estratos laborales tomados como un conjunto y también entre los estratos empresariales. Podría decirse que coexisten dos mecanismos distributivo, uno de concentración y otro de dispersión. Hay sin duda estratos laborales favorecidos ampliamente con respecto a los peor situados. También hay que considerar la existencia de grupos de personas que desempeñan ocupaciones muy heterogéneas por las cuales perciben ingresos que no pueden ser clasificados convencionalmente: la informalidad y la marginalidad son fenómenos muy conocidos y que han tomado impulso en los años de crisis. Fuera del ámbito sindical, las remuneraciones saláriales muestran una ancha gama que se sitúa en gran parte en los niveles de subsistencia o sus cercanías. El esquema social de la distribución ha venido a complicarse con el deterioro de la situación de la llamada clase media, que sigue una pendiente pronunciada hacia la proletarización y marginalización. La clase media es una formación en la que se expresa la función niveladora de la democracia representativa; es un elemento estabilizador del sistema, un amortiguador del conflicto social. Pero en estos tiempos de dificultades, la clase media, en sus estratos más amplios, sufre una erosión en su estatus económico, que afecta a su función social y política y puede llegar a ser un elemento desestabilizador. Este fenómeno puede ser denominado subproletarización, pues los desplazados de su estatus socioeconómico intermedio no ingresan a las filas del proletariado, sino que forman una agrupación inorgánica, flotante, versátil, dentro de la situación peculiar que convencionalmente se conoce como sector informal.

En la amplia acepción de distribución que pretendo exponer como una característica de la democracia representativa cabe incluir los mecanismos ideológico-pragmáticos a través de los cuales se ofrecen los bienes políticos (libertades, derechos, garantías) como donaciones concretas de la autoridad o el Poder y no como haberes inherentes a la ciudadanía. Tales bienes se presentan como gratificaciones, y su ejercicio o disfrute está sujeto a una diferenciación social y política, mediante la cual se establecen los grados de ciudadanía (de primera, de segunda o de tercera), de alguna manera determinados por la posición económica o por la aproximación a los niveles del poder político. Otra oferta distributivo consiste en los bienes serviciales (salud, educación, seguridad social, vivienda, recreación, servicios públicos en general), que forman parte de lo que se llama el salario social o, en un termino más comprensivo, el dividendo, social, cuya cuantificación microeconómica o microsocial es difícil. Si se estableciera una relación entre la parte del excedente petrolero que equitativamente debe asignarse al dividendo social ya identificado y lo que es activamente ha sido asignado en términos de servicios prestados a la población de recursos insuficientes, podría apreciarse un saldo deudor de magnitud considerable, una brecha de necesidades esenciales insatisfechas, que se ha dado en llamar la deuda social, entendida como deuda del Estado para la ciudadanía que no tiene asiento en la mesa de los privilegios. No está demás señalar que esta deuda ha crecido aceleradamente en la última década.

El patrón de consumo que se ha formado en los tiempos de la democracia representativa presenta dos características contradictorias, pero dialécticamente integradas en una índole propia del sistema: el subconsumo y el sobre consumo, es decir la insuficiencia de consumo esencial y el desbordamiento del consumo excedente, suntuario y conspicuo. Mientras que numerosos sectores de la población padecen graves carencias vitales que la sitúan por debajo del limite de subsistencia, particularmente de nutrición, alojamiento y protección de la salud. Otros que representan una minoría satisfacen holgadamente necesidades supuestas o ficticias, creadas y fomentadas por el capitalismo del desecho y desperdicio, medios y oportunidades de aliviar el exceso de ingresos y de gastar el ocio prematuro y estéril que le proporciona el rentismo, el mal reparto de la afluencia petrolera, el subsidio privilegiado que se niega a la pobreza crítica. Existe, por tanto, una estratificación de los modos y medios de consumo: en un extremo, la degradación de la vida por infraconsumo, en el otro la economía del ocio, la sustentación de una demanda selectiva de bienes y servicios que no sólo absorbe recursos productivos restados a la creación de riqueza útil, sino que también sobrecarga la balanza comercial a través de importaciones que no se compadecen con la escasez de poder de compra internacional. El efecto demostración o de imitación es explotado a conciencia por las transnacionales, que forjan para su beneficio la ideología de la ostentación como elemento indispensable del poder. Por ello se ha dado otra modalidad a los bienes durables de consumo, que contradice su naturaleza técnica: la fungibilidad de estos bienes por obsolescencia acelerada, la depreciación por esnobismo de los activos fijos renovables de las unidades de consumo.

No obstante, hay que señalar otra característica ominosa de ese patrón de consumo: la combinación irritante entre subconsumo y sobreconsumo de las capas medias y pobres de la población. Mientras que no se satisfacen cabalmente las necesidades vitales de las personas y las familias, buena parte del modesto presupuesto doméstico se aplica al gasto en consumo no esencial o enteramente superfluo. La jerarquía de las necesidades se ha trastocado en razón de las imposiciones del patrón de consumo alienado y deformado que ha prevalecido en el país, y aún prevalece, en gran parte, bajo la crisis. La defensa agónica de la clase media menos favorecida en estos tiempos difíciles, la obliga a sacrificar elementos reales de subsistencia en aras de sostener la apariencia social, el estilo correspondiente al estatus, como antaño el escudo nobiliario adherido a las ruinas de la mansión señorial.

Los modelos o patrones económico-sociales admitidos o favorecidos por la praxis venezolana de la democracia no constituyen, sin embargo, un sistema de suficiente coherencia y consistencia, que permita su reproducción ampliada con un mínimo de estabilidad y eficiencia. Los vicios ocultos o fracturas potenciales de este sistema pudieron ser encubiertos sin alto riesgo merced al crecimiento del excedente petrolero. Se formaron dos modos de funcionamiento con ciertos rasgos estructurales: la economía mixta, convivencia más que coexistencia entre los intereses administrados por el estado y los del empresario privado, relación no exenta de contradicciones y confrontaciones que se agudizan con la caída del excedente petrolero, y la sociedad heterogénea, encubierta bajo la caracterización sociopolítica de sociedad civil, en la que coexisten sin convivir elementos de sociedad organizada, representativa, con voz y acceso a los medios de comunicación, de opinión y de decisión, y elementos amorfos, aluvionales, inorgánicos, periféricos, excluidos del acceso a los medios de expresión y de decisión, que pueden calificarse como la antisociedad o la extrasociedad, carga explosiva para el conflicto social.

Tenemos, por tanto, una economía con muy escasa integración interna, prácticamente piezas sueltas que no obedecen a un plan y que sufren graves fallas de constitución, y una sociedad sin perfiles definidos, una de cuyas partes trata de asumir la representación de una sociedad civil.

6   LA INCERTIDUMBRE DEL BALANCE ECONÓMICO-SOCIAL

No puede decirse, sin embargo, que todos estos procesos comenzaron con el establecimiento de la democracia representativa; sin duda, tienen antecedentes en regímenes anteriores y, particularmente, en el tiempo de la dictadura pérezjimenista. Lo que sí puede decirse es que la magnitud de los recursos que ha administrado el Estado venezolano en las tres décadas de referencia habría permitido construir las bases de una economía alternativa a la petrolera primaria, de carácter renovable, progresivo y autosostenible, al mismo tiempo que propiciar el desarrollo de una sociedad menos desequilibrada, injusta y alienada que la que hoy existe. No creo que toda la responsabilidad sea de los gobiernos democráticos que hemos tenido, aunque sí deben cargar con la mayor parte de esa responsabilidad por acción o por omisión. Actores de la vida económica privada, los cenáculos políticos acercados al poder, dirigentes sindicales que no fueron consecuentes con los auténticos intereses de los trabajadores, son también responsables. El balance es incierto, si es que ello es posible. Existe un activo fijo productivo y una infraestructura física en el país; ha crecido la población, han crecido las ciudades, la expectativa de vida ha aumentado, los índices de educación son más elevados, la mayoría de las enfermedades del atraso han desaparecido y otras han cobrado víctimas bajo el signo de males del progreso, pero las brechas económicas y sociales son profundas, los problemas son muy graves, la ineficiencia, el desperdicio, el despilfarro, la apropiación ilegítima, la corrupción en todas sus formas son demasiado evidentes y alarmantes como para sustentar juicios positivos en estos aspectos tan importantes del balance de la democracia. Sufrimos casi una década de estancamiento económico, más propiamente de retroceso económico. En estos 30 años el país ha padecido graves dificultades económicas casi las dos terceras partes del tiempo; y en el breve período de la relativa bonanza, comprendido entre 1968 y 1977, el crecimiento económico no alcanzó proporciones extraordinarias ni el bienestar popular fue mucho mayor que la tendencia histórica. ¿Es que ha sido ineficiente el modelo político de esta democracia?

7   FUNCIONAMIENTO DE UNA TRIADE INSTITUCIONAL

La expresión óptima del proyecto político de la democracia venezolana de este tiempo es la Constitución de 1961. No hay mucho que objetar en este documento fundamental de la Nación. Permite institucionalmente los progresos más deseables en lo económico, social y político. Es una conjugación casi perfecta entre lo posible y lo deseable. Sin embargo, el cumplimiento efectivo de la Constitución ha sido condicionada por el juego del poder, en lo que se observa una cierta vigencia de la antigua tesis sociológica de la diferenciación entre la Constitución real y la escrita, entre las normas y los hechos. La ideología de la fragilidad de la democracia ha sido útil al poder para restringir las realizaciones en favor de los derechos sociales y favorecer los privilegios del poder económico. El instrumento adecuado para la práctica de esa ideología es el pacto político-social. Los pactos siempre han sido excluyentes de fuerzas políticas y sociales importantes y han tendido a consagrar una especie de oligopolio partidista, que ha sido reducido a un duopolio, o sea el bipartidismo. El juego del poder mantiene la ilusión de la alternabilidad del gobierno, dos términos de una alternativa que garantizan casi idénticamente la continuidad del establecimiento. El pacto implica también el funcionamiento de una tríade institucional: el empresariado, el sindicalismo estabilizador y el gobierno, hay, desde luego, contradicción y confrontación entre los tres elementos de la tríade, pero dentro de límites convencionales. Es un eficaz mecanismo estabilizador que representa la viabilidad de un sistema democrático liberal, con elevada participación económica del Estado, que propicia el desarrollo de una capitalismo dependiente, permite una difusión restringida de los beneficios del crecimiento a la mayoría popular y se apoya en factores de conciliación o represión implícita que reducen al mínimo las manifestaciones conflictivas.

8   SALVAR EL FUTURO

La praxis política del bipartidismo tiende hacia posiciones programáticas funcionalistas, alejándose cada vez más de plataformas doctrinarias y estrategias de transformación económico-social4. Esta praxis estimula las aspiraciones específicas del electorado, las reivindicaciones de la vida diaria, los intereses casuísticos del común y poco o nada ofrece a la perspectiva de los grandes problemas nacionales, evita los compromisos que impliquen reformas profundas y las visiones estructurales de la crisis. Pero esta actitud, si bien da dividendos electorales, aumenta la vulnerabilidad del sistema en relación con la eficiencia de las realizaciones de corto plazo y va cavando la propia fosa del bipartidismo y de esa praxis política5. También el modelo político de la democracia venezolana, no el pautado por la Constitución sino el que se ha venido plasmando en los hechos, está en crisis.

Estamos, pues, en presencia de la crisis de los modelos de nuestra democracia, no de la democracia en sí. Se han alcanzado los límites de la economía basada casi exclusivamente en el excedente petrolero. La potencialidad fiscal del Estado donante se ha debilitado substancialmente. a industrialización sustitutivo de importaciones, sin sustituirlas en verdad, toca a su fin. El síndrome de la deuda externa ensombrece y condiciona el presente y el futuro del país. Hemos perdido, a todos los efectos socialmente convenientes, una década. Se corre el riesgo de perder otra década y de entrar al siglo XXI con una carga penosa de subdesarrollado, dependencia, vulnerabilidad y pobreza. Hay necesidad de profundizar el ejercicio de la democracia, dándole autenticidad y fuerza a la soberanía popular y a la soberanía nacional. Proclamo que no es menester inventar modelos político-institucionales para realizar ese cambio: el paradigma viable es nuestra Constitución. Hay que desarrollarla y realizar la concordancia entre el modelo escrito, documental, y el modelo efectivo. Está en las manos del pueblo venezolano salvar el futuro. del riesgo de frustración.

 1  Cf. Juan Carlos Rey: El futuro de la democracia en Venezuela, Instituto Internacional de Estudios Avanzados, Caracas 1986 (mimeografía). P.2.

 2  Cf. A. Hirschman: Salida voz y lealtad, México F.C.A.,1974.

 3 Héctor Silva Michelena. América latina, economía política de la democracia, Caracas 1986. PP. 74-75.

 4  Cf. Rey, op. cit. PP. 4 y 5.

 5 Cf. Downs: An Economic Theory of Democracy, New York, Harper and Rov, 1957 Los partidos no tratan de ganar las elecciones para realizar sus programa sino que elaboran programas para ganar elecciones.

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